Según información obtenida por Pro Honduras Network, una de las salidas  a las que podría recurrir Juan Orlando Hernández para retrasar los procesos de investigación en su contra sobre posibles vínculos con el trafico de drogas y lavado de activos, es la aprobación de un acuerdo que convierta a Honduras en un «tercer país seguro» en donde los solicitantes de asilo deban acudir previo a presentarse a la frontera entre Mexico y Estados Unidos a solicitar un estatus de protección.

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Dentro de las pruebas que fueron presentadas por la fiscalía en la Corte del Distrito Sur de New York, relacionadas con el caso de Juan Antonio Hernández se encuentra una conversación entre un narcotraficante hondureño denominado en los documentos como CC-8 y un narcotraficante de origen guatemalteco identificado en los documentos como CC-9. 

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Fiscalía de Estados Unidos afirma que durante el juicio de Juan Antonio Hernández establecerán evidencias sobre la participación de Juan Orlando y el resto de co-conspiradores en el tráfico de drogas y al mismo tiempo solicita a la Corte de Estados Unidos proceder conforme a ley respecto a la participación de los mismo. 

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Los documentos de la Corte del Distrito Sur de New York detallan el involucramiento de Juan Antonio Hernández (El acusado), en al menos dos asesinatos de narcotráficantes en los departamentos de Copán y Colón en los años 2011 y 2013 con ayuda de su socio Alexander Ardón (CW-3) y de Wilter Neptalí Blanco Ruíz.

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Los documentos detallan los diferentes etapas en las campañas políticas que ha participado Juan Orlando Hernandez y que han sido financiadas con dinero proveniente de trafico de drogas con la participación y apoyo de su hermano Juan Antonio Hernandez. 

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Según documentos de la Corte des Distrito sur de New York, Juan Orlando brindó protección a narcotraficantes desde la presidencia de Honduras, abusando de su poder y aceptando grandes cantidades de dinero a cambio de evitar su extradición. 

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Dentro de las Cartas presentadas por la defensa de Wilter Blanco Ruiz se encuentran notas escritas por pastores y una institución educativa publica en las que argumentan que Blanco Ruiz es un hombre honorable, bueno y un ciudadano de alto prestigio. Además, uno de los pastores afirmó que Wilter era un colaborador en la obra del señor y pidió en nombre de Dios sabiduría para el juez Donald M. Middlebrooks quien fue el encargado del caso. 

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Luego de que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e impunidad en Honduras (MACCIH), en conjunto con la Unidad Especial de la Fiscalía de Honduras Contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC‐MP), solicitaran el día de ayer ante el Juzgado de Letras de Privación de Dominio una petición para la privación definitiva de los bienes que los acusados en el «Caso Pandora» compraron o mezclaron con el dinero supuestamente sustraído al Estado hondureño, las sedes del Partido Nacional de Honduras y el Partido Liberal de Honduras podrían pasar a dominio del Estado hondureño, ya que se encuentran dentro de la lista de bienes para incautar. 

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La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la Organización de los Estados Americanos (MACCIH‐OEA), en conjunto con la Unidad Especial de la Fiscalía de Honduras Contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC‐MP), solicitaron ante el Juzgado de Letras de Privación de Dominio la privación definitiva de los bienes que los acusados en el «Caso Pandora» que se compraron o mezclaron con el dinero supuestamente sustraído al Estado hondureño y en aquellos casos en donde no ha sido posible recuperar dichos fondos, se inició acción sobre bienes por valor equivalente. La solicitud comprende bienes y cuentas corrientes cuyo valor total asciende a más de 42 millones de Lempiras (más de 1,7 millones de dólares).

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La carta que adjuntamos en esta publicación corresponde al caso de Fredy Najera Montoya, ex diputado liberal por el departamento de Olancho que luego de declararse culpable de los delitos de conspirar para transportar múltiples toneladas de cocaína a Estados Unidos y participar en el uso y posición de ametralladoras y dispositivos destructivos, repentinamente cambió su versión de los hechos y al verse hundido por las pruebas que posee la fiscalía en su contra, aseguró que su declaración inicial de culpabilidad fue producto de la presión de su abogado, quien además lo obligó a aceptar su participación en el asesinato del General Julián Aristides Gonzales. 

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