Las declaraciones hechas por los miembros y asociados de MS-13 y Bonilla son admisible bajo las reglas de rumores:
Como se describe en las mociones anteriores del Gobierno en limine, varios de los co-conspiradores del acusado hicieron declaraciones a testigos, o a otros co-conspiradores en presencia de testigos, con respecto al tráfico de conspiración de drogas, sus esfuerzos por protegerse a sí mismos y a su operación de tráfico de drogas, y sus intentos de aumentar su poder en Honduras a través de la corrupción y los sobornos alimentados con cocaína.
El 1 de diciembre de 2017, decenas de miles de manifestantes salieron a las calles para protestar en contra de los resultados de las elecciones. Juan Orlando pagó a un funcionario del Partido Nacional para que pagara a los miembros de la pandilla MS-13 para incitar y cometer actos de violencia en las protestas, lo que a su vez justificaría la aplicación de la ley, La Imposición de un toque de queda y uso de la fuerza contra los manifestantes. Como resultado, hubo numerosos enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, lo que resultó en un alto número de muertes.
Principalmente entre los manifestantes. A raíz de esto, las organizaciones de derechos humanos emitieron en general evaluaciones sobre las irregularidades en las elecciones del 2017 y la falta general de fe en sus resultados.
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